Antecedentes
Mediante Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla firmado el día 2 de Diciembre de 2003, se pretendía constituir y garantizar el funcionamiento durante 36 meses de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios Andaluces de menos de 10.000 habitantes en el ámbito del Decreto 72/2003 de 18 de marzo de medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía.
Así se formalizaron Convenios específicos en el ejercicio 2004 (Guadalinfo I), 2005 (Guadalinfo II) y 2006 (Guadalinfo III).
Visto el desarrollo de los Centros Guadalinfo, las partes firmantes del convenio, a través de la Comisión de Gestión Estratégica regulada en el Convenio Marco de Colaboración, optaron por modificar la forma de gestión del proyecto, creyendo mas conveniente a los intereses del mismo utilizar la figura del Consorcio. De este modo en fecha 5 de marzo de 2008 se firma el Acuerdo de Resolución del Convenio Marco de colaboración y sus convenios específicos de desarrollo firmado por las entidades referidas, por lo que tanto el Convenio Marco como los específicos dejaron de tener vigor a fecha 30 de abril de 2.008, procediéndose al traspaso en la gestión de los Centros Guadalinfo a partir del 1 de mayo de 2008 al Consorcio Fernando de los Ríos (integrado y financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y las 8 Diputaciones Provinciales).
Población Objeto
Los Destinatarios del proyecto son los ciudadanos y ciudadanas pero, solidariamente, los primeros en beneficiarse del proyecto deberán ser aquellas personas, organizaciones y localidades con mayores dificultades de acceso a las TICs, como pueden ser la mayoría de jubilados que viven en zonas rurales, las mujeres aún consideradas amas de casa o que tienen que atender importantes necesidades familiares, los jóvenes que por estar estudiando o haber comenzado a trabajar no disponen de medios suficientes; a los que hay que añadir en el mismo orden de prioridad y atención a otros sectores en desventaja o discriminados, como minorías culturales, personas discapacitadas o en situación de desempleo, que habitualmente permanecían al margen de los beneficios del progreso, o están amenazados de exclusión por diversos motivos