LEY Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Pretende garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos, adecuando nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia. Parte de la convicción, de que una educación afectiva sexual y reproductiva adecuada, es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos. Establece una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que busca garantizar y proteger los derechos e intereses de la mujer y de la vida prenatal. La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. La Ley dispone un plazo de reflexión y exige claridad y objetividad en la información, impone condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer. Permite la interrupción del embarazo siempre que concurra las siguientes indicaciones: «que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto». La Ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

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